Las empresas afiliadas a la AMIA enumeran algunas de sus principales preocupaciones en lo que concierne a la reforma energética, en 10 puntos centrales, que damos a conocer a nuestros lectores:

1. Respecto del esquema de generación de electricidad propuesto, en el que la Comisión Federal de Electricidad generará por los menos un 54% de la energía y las empresas privadas el porcentaje restante, vemos con preocupación que pudiera no haber financiamiento disponible, ni infraestructura y generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad.

2. Sobre la generación de energía, tenemos conocimiento que de enero a septiembre de 2021 se produjeron 244.8 Tera Watts hora, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad generó 98.6 Tera Watts hora (40%) y los privados 146 Tera Watts hora (60%)[1] (ver anexo). Por lo tanto, la duda es: ¿cómo desarrollará la Comisión Federal de Electricidad la capacidad adicional equivalente al 14% para alcanzar el 54% del total que establece esta reforma?

3. Considerando la capacidad limitada de fuentes renovables con la que cuenta la Comisión Federal de Electricidad, se estima que, para alcanzar dicha proporción en la generación de electricidad, tendría que usar combustibles fósiles, lo cual podría incrementar el costo de la electricidad hasta en un 31%[2]. Además, esto podría tener un impacto negativo en la promoción de fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de bióxido de carbono del 32%[3].

4. Mientras que en 2021 el precio promedio de la electricidad que vendía la CFE en Media Tensión estuvo en $1.22 pesos por Kilowatt hora, los privados ofrecieron un precio promedio de $0.42 pesos por Kilo Watt hora.[4]

5. Asimismo, en caso de limitar la modalidad de autoabastecimiento:
1. Habrá una parte significativa de la demanda de electricidad que tendría que cubrir inmediatamente la CFE y su capacidad para lograrlo se verá retada.
2. Repercutiría en tarifas de electricidad menos competitivas.
3. Implicaría riesgos de pérdida de competitividad y generaría incertidumbre para las inversiones presentes y futuras.
4. Presenta un riesgo para los corporativos de las empresas asociadas a la AMIA en el cumplimiento de sus visiones y compromisos de descarbonización y sustentabilidad.

6. Eliminar los Certificados de Energías Limpias impediría a las empresas acreditar el uso de energías renovables, lo cual, a su vez, repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP 26.

7. La apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente en la competitividad de México, lo cual podría desincentivar inversiones futuras y redirigirlas a otros países.

8. Al no promover energías renovables, nuestras exportaciones podrían estar sujetas a represalias comerciales, como impuestos al carbono a manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la generación de empleos.

9. La industria automotriz lucha contra el cambio climático desde dos vertientes:
1. La reducción de emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero de los vehículos. El compromiso apunta hacia vehículos híbridos y eléctricos. Para optimizar este cambio, es necesario impulsar la transición hacia energías limpias.

2. La neutralidad de carbono en el proceso de producción de los vehículos y sus componentes. Las empresas que puedan acreditar el uso de energías limpias en su producción, contribuirán más a los compromisos globales tanto de las empresas como de los países.

10. Incumplimiento de las estrategias corporativas a nivel mundial de las empresas asociadas, orientadas a la protección al medio ambiente. Cuyo objetivo en la transición hacia energías renovables es el uso exclusivo de energía renovable en sus procesos productivos.

El presidente de la AMIA concluye sus considerandos, enfatizando que "celebramos el compromiso del Estado en mejorar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía; sin embargo, rechazamos por las razones antes expuestas la iniciativa de reforma constitucional en cuestión y solicitamos a las autoridades considerar los efectos negativos que ésta traería al medio ambiente, la inversión y por ende, a México. La industria automotriz se encuentra en un proceso de transformación global acelerado que cambiará la forma en que entendemos la movilidad actualmente y que demandará cambios profundos en la forma misma en la que los vehículos son producidos. La energía eléctrica, su garantía de capacidad, y la forma en que se produce será uno de los elementos más importantes para definir el destino de dónde se producirán los vehículos del futuro. México se ha ganado una posición privilegiada en el contexto global de la industria, ¡no la pongamos en riesgo!"

Nosotros, ponderamos que México debe seguir contando con el motor que está impulsando a la economía total de la nación, con su gran capacidad productiva, exportadora y generadora de divisas netas que ya giran alrededor de los 100 ml mdd, que son más relevantes que las que generan el petróleo, el turismo y el ingreso por remesas de los connacionales, inclusive con las tres actividades e ingresos juntos, por lo que para que nuestro sector automotor establecido en el territorio nacional siga siendo competitivo, es indispensable asegurar el acceso no tan sólo a energías limpias y sustentables, sino también contar con precios competitivos y abastecimiento suficiente y oportuno, para seguir siendo una rama autosuficiente a nivel global.