Daniela SIERRA

México requiere de una política pública integral en materia de seguridad vial, que considere la educación como uno de sus ejes principales, para vincular acciones e instrumentos regulatorios complementarios a la NOM-194.

El 18 de agosto de 2020, durante la sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas Ciudad de México, se adoptó la resolución A/RES/74/299, a través de la cual los países miembros acordaron establecer un nuevo objetivo de seguridad vial para los próximos diez años, luego de que en 2020 no se alcanzara la reducción a la mitad en el número de víctimas morales y heridos graves en accidentes de tráfico de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Por lo anterior, se proclamó el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial como una prórroga que permitiera ser sensible ante la coyuntura tan compleja de la que hemos sido testigos producto de la emergencia sanitaria global por SARS-CoV-2 (COVID-19) y que ha dificultado cumplir con los objetivos de dicha agenda.

Con el paso del tiempo, se continúa siendo testigo de accidentes viales fatales que ocurren en nuestro país y pueden ser prevenibles. En la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) refrendamos nuestro compromiso con la generación, desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas que tengan como objetivo promover un ecosistema vial seguro para toda la ciudadanía.

Por tal motivo, desde el sector automotriz, trabajamos de manera cotidiana en el cumplimiento y robustecimiento de regulaciones como la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015 sobre Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad, cuyo objetivo es asegurar a los usuarios productos de la más alta calidad mediante la implementación de dispositivos que permitan proteger a los ocupantes de vehículos frente a eventos adversos.

Sin embargo, algunos reportes y cifras como las que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que el 92.4% de los accidentes viables están vinculados a errores humanos, cerca del 2% a las malas condiciones del camino y menos del 1% a motivos imputables a los vehículos; por lo que es prioridad, concientizar a la ciudadanía sobre aquellos factores de riesgo que deben tenerse presentes en todo momento para evitar incidentes.

Asimismo, la AMIA reiteró que: “Reconocemos la necesidad de visualizar en la seguridad vial un reto multidimensional para su verdadera solución que requiere de políticas públicas integrales, así como de la colaboración entre industria, los tres niveles de gobierno, academia, sociedad civil y la población en su conjunto, para vincular acciones e instrumentos regulatorios complementarios a la NOM-194”.

Es decir:

• Atender todos los factores de riesgo en la conducción (conducir bajo los efectos del alcohol, uso de cinturón de seguridad, exceso de velocidad, distractores)
• Promover el buen mantenimiento de los vehículos en circulación a través de exigir la revisión periódica de las condiciones físico-mecánicas de los mismos
• Mejorar las condiciones de la infraestructura vial y de la señalización en la misma
• Fomentar la educación y capacitación de conductores
• Requerir la aprobación de exámenes rigurosos para obtener una licencia para conducir
• Mantener la regulación a la importación de vehículos usados
• Fortalecer la capacidad de gestión de las autoridades involucradas en la vigilancia de las disposiciones en materia de seguridad vial

En AMIA, seguiremos procurando la construcción de canales de comunicación abiertos y cercanos con distintos interlocutores para generar esquemas de seguridad vial como los enmarcados en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial.  Para ello, es fundamental asumir la responsabilidad compartida que tenemos como comunidad para que la construcción de un futuro sin incidentes viales fatales pueda ser una realidad. 

Finalmente, se reitera nuestro compromiso de mantener un diálogo abierto y transparente con el sector público, privado y social de México con la finalidad de trabajar en alianza en la generación de políticas públicas integrales que fomenten la protección y seguridad de los ciudadanos y promuevan la responsabilidad y el uso de vehículos más seguros. 

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